En el marco de la mayor preocupación de las autoridades encargadas de la ciudad y nacionales por revisar la legislación para enfrentar el delito, tuvieron eco las apreciaciones de altos dirigentes políticos y funcionarios acerca del endurecimiento de la política represiva como única salida a la ola de inseguridad.
Algunos funcionarios pusieron énfasis, en relación a ese problema, en la necesidad de aplicar “mano dura” contra la delincuencia, cuyo aumento atribuye en gran medida a la laxitud de la legislación vigente y desvincularon de la problemática social.
Otros, por su parte, se colocaron en línea con la demanda de mayor dureza pero reconocieron que el término utilizado podía asociarse con los desbordes represivos y la política del “gatillo fácil” que sufrió la provincia en el pasado y en los años recientes.
Hubo quienes criticaron más abiertamente las posiciones en defensa de la mano dura y propusieron, en cambio, una mayor severidad en la aplicación de las leyes existentes.
La manera con la que los funcionarios y dirigentes de relevancia se refieren a una de las cuestiones de mayor preocupación cotidiana no es siempre satisfactoria y hasta puede generar efectos equívocos y contraproducentes.
En primer lugar, no ayuda que el tema de la seguridad ciudadana, afectada por el aumento de la delincuencia común en distintas dimensiones de la vida de las personas, sea colocada bajo el prisma de la especulación y la conveniencia electoral.
Se trata, en verdad, de una cuestión de Estado para la que debería existir una cooperación básica entre las distintas líneas políticas, los gobiernos y las oposiciones.
En segundo lugar, está demostrado que el combate a la criminalidad debe atender en la actualidad múltiples factores, políticas sociales y preventivas, que acompañen y lleguen a colocar en un lugar secundario la acción represiva del Estado. Es erróneo, por lo tanto, plantear la lucha contra el delito en términos de una opción entre el ataque a sus manifestaciones directas o el combate a sus causas sociales más profundas. Tal dilema es, en todo caso, un síntoma de que no se logra hacer bien ni una cosa ni la otra.
En tercer lugar, la lectura de lo acontecido en nuestro país permite acordar en que existe una enorme tarea pendiente en mejorar la administración de Justicia y las fuerzas de seguridad, en los recursos y en la organización de esas instituciones. Quienes han ejercido y ejercen responsabilidades de Gobierno no pueden desconocerlo.
Una legislación más represiva no resolverá el problema de la eficiencia en su aplicación. En tal caso, el reclamo de “mano dura” puede remitir peligrosamente a una discrecionalidad que sería una muestra de debilidad más que de fortaleza.
El genuino reclamo ciudadano frente a la inseguridad, registra por los más recientes estudios de opinión pública, debe ser transformado en respuestas inteligentes, legislación adecuada, eficacia en la represión del delito y desarrollo de políticas preventivas de seguridad ciudadana.
Se trata en suma, de aplicar la ley con corrección y firmeza pero sin excesos y, además, diagramar políticas de seguridad que tomen en cuenta los numerosos factores que inciden en la generación del delito, entre ellos los de orden económico y social.
Editorial publicado por el diario Clarín el 20/09/04
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